En 2024 se cumplen 25 años del Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil del cual México es signatario. A pesar de los compromisos, millones de niñas y niños mexicanos siguen atrapados en espacios laborales que comprometen su desarrollo. Según el Inegi en 2022, 3.7 millones de niños en México estaban en situación de trabajo infantil, es decir, el 13.1% de la población de 5 a 17 años. Esto incluye a 1.8 millones en ocupaciones no permitidas, 318 mil que combinan quehaceres domésticos no adecuados y 1.6 millones dedicados exclusivamente a estos quehaceres. Los infantes participan en ocupaciones peligrosas como la agricultura y la construcción, mientras las niñas son más propensas a realizar trabajos del hogar.
Las consecuencias del trabajo infantil pueden ser devastadoras al estar expuestos a riesgos físicos, como accidentes, enfermedades, malnutrición; problemas emocionales, afectación al desarrollo psicológico y otras formas graves de abusos que atentan contra sus derechos humanos. Aunado a ser un obstáculo para el acceso a una educación y salud de calidad, perpetuando el ciclo de pobreza con afectaciones a sus oportunidades futuras.
El trabajo infantil responde a una realidad marcada por la desigualdad y la pobreza de una parte de la población de nuestro país. A pesar de los grandes logros que ha tenido la política social en México durante los últimos años, logrando sacar de la pobreza a más de cinco millones de personas, debemos incrementar esfuerzos y proteger a nuestras infancias. El panorama es especialmente sombrío en ciertas regiones de México. Los estados de Guerrero, Chiapas y Nayarit presentan las tasas más altas de trabajo infantil, con cifras que superan el 20%.
Por lo que es indispensable fortalecer las políticas de apoyo a las familias dentro de grupos poblacionales más vulnerables de la sociedad para garantizarles ingresos dignos y acceso a servicios básicos. Con ello será posible asegurar que las y los niños tengan las oportunidades para el resto de su vida. Asimismo, dentro de los límites que marca la legislación laboral en nuestro país deben fortalecerse las acciones de supervisión particularmente en los casos donde se permite el trabajo a personas menores de edad y sea regulado con una perspectiva de derechos, garantizando condiciones dignas y seguras.
Es necesario promover campañas de concientización sobre los riesgos y consecuencias del trabajo infantil. La colaboración entre el gobierno y la sociedad es fundamental para erradicar esta práctica y proteger los derechos de las infancias, su tiempo y su espacio para el aprendizaje, el juego y el sano desarrollo.
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