La polarización política en México ha alcanzado un punto crítico, afectando no sólo el debate público, sino también la integridad del sistema judicial, un pilar fundamental para la democracia y la justicia social. En este contexto, actualmente se discute la posibilidad de reformar el poder judicial, permitiendo que los ministros y magistrados sean elegidos por voto popular. Esta propuesta merece la atención y el interés de todos, no sólo porque plantea un cambio profundo en la forma en que se imparte justicia, sino porque está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.
El sistema judicial debe ser imparcial, un espacio donde las decisiones se tomen en función de la ley y no bajo la influencia de intereses políticos o económicos. Sin embargo, en un escenario de polarización extrema, es inevitable preguntarse si la elección popular de jueces y magistrados podría comprometer esa imparcialidad. ¿Hasta qué punto el sistema judicial podría convertirse en un campo de batalla político, donde las decisiones estén más influenciadas por la agenda de quienes ocupan el poder que por la justicia misma?
La historia nos ha demostrado que la corrupción prospera en entornos donde la independencia judicial se ve comprometida. Si bien es fundamental que el poder judicial sea representativo y esté alineado con los principios democráticos, también es esencial que mantenga su autonomía. La elección popular de ministros y magistrados podría, en el papel, hacer el sistema más democrático, pero también podría abrir la puerta a la politización de la justicia, un riesgo que no podemos ignorar.
La lucha contra la corrupción en México ha sido un desafío constante, y es precisamente en este terreno donde la independencia judicial juega un papel crucial. Los casos de corrupción deben ser juzgados con imparcialidad, lejos de presiones políticas o mediáticas. Si permitimos que las decisiones judiciales estén influenciadas por la opinión pública o por la competencia electoral, corremos el riesgo de debilitar uno de los contrapesos más importantes del sistema democrático.
El interés colectivo debe prevalecer sobre los intereses individuales. La reforma judicial que se discute actualmente tiene implicaciones profundas para la justicia en México. Es fundamental que todos los ciudadanos estemos informados y participemos activamente en este debate. No se trata solo de quién ocupa una posición de poder, sino de cómo queremos que se imparta justicia en nuestro país. La independencia del poder judicial es esencial para garantizar que la justicia no se vea distorsionada por el calor de las pasiones políticas.
Este es un momento importante para México y el camino que elijamos ahora tendrá un impacto duradero en las estructuras del poder, por ende, en la calidad de nuestra democracia. Ser críticos no significa oponerse por defecto, sino ejercer nuestro derecho a pensar y a participar activamente en la construcción de un futuro que verdaderamente refleje el interés común.
