El Sistema Nacional de Seguridad Pública durante muchos años se vio lacerado debido a las fallidas políticas de seguridad. No hace falta recordar la fallida guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón puso en marcha para enfrentar a grupos delincuenciales dejando un saldo de miles de víctimas civiles, a las cuales minimizaron nombrando daños colaterales.

Este tipo de políticas no consiguieron reducir la violencia criminal, solo la exacerbó, provocando una descomposición institucional, una crisis social y de derechos humanos. Las fuerzas policiales de seguridad pública estaban en total descomposición, no solo por no respetar las líneas de mando, sino que establecieron relaciones de complicidad con algunos cárteles de la droga, desviando recursos de dichas instituciones para beneficio de particulares o compadrazgos. Genaro García Luna, el ejemplo más claro.

La corrupción e impunidad promovida por los vínculos criminales y de las autoridades, se infiltró hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales, provocando insuficiencia de recursos materiales y logísticos, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y controles de confianza efectivos, precarización laboral y aún peor la pérdida de confianza de la ciudadanía porque estas corporaciones no pudieron atender el grave fenómeno delictivo.

Ante esta problemática, desde la llegada de la Cuarta Transformación se instauró una nueva política de seguridad pública donde un mando civil fomenta el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz. Se logró una reducción del 35.23% en el promedio diario de incidencia en delitos de alto impacto de 2019 a 2024; por su parte, a septiembre de 2024 se alcanzó una disminución de 40.38% en el promedio diario de la comisión de delitos de alto impacto en comparación con febrero de 2019.

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa y hoy es una reforma constitucional que propone cuatro ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, otorgándole las atribuciones necesarias para actuar con efectividad y con plena coordinación con las instituciones de justicia. El segundo, la coordinación de la Secretaría a nivel federal con los estados y municipios del país; la tercera, fortalecer la estrategia con análisis de datos y tecnología de avanzada. El cuarto, transparencia y el buen uso de los recursos públicos otorgados a las instituciones de seguridad.

Esta reforma promueve el fortalecimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, liderada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el respaldo institucional necesario para ofrecer una protección real y efectiva a todos los ciudadanos.