He sido consistente en mi postura: a México le urge una reforma fiscal que repare desde el fondo al sistema tributario actual, una reforma que sacuda su obsolescencia y su inequidad, y lo convierta en la más eficaz herramienta de política económica, capaz de impulsar el crecimiento con estabilidad y la redistribución de la riqueza.

Lamentablemente, los hechos me confirman que por ahora… no será.

En vez de eso, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un paquete de “mini” reformas que no cambian la realidad del país visto en su conjunto. Me refiero a dos medidas en particular, la que eleva los derechos a la explotación minera y la que incorpora a los turistas que visitan a México en cruceros marítimos en la obligación de pagar una cuota. Sí, es esa la reforma fiscal para 2025. Veamos qué tan relevante es.

Las empresas dedicadas a la explotación minera tienen la obligación de pagar dos cuotas por concepto de derechos, así lo ordenan los artículos 268 y 270 de la ley federal de derechos, el primero denominado “especial”, que hasta ahora es del 7.5 por ciento sobre sus utilidades, sube al 8.5 por ciento; y el segundo, “extraordinario” que equivale al 0.5 por ciento sobre sus ingresos por las ventas de oro, plata y platino, se propone elevarlo al 1.0 por ciento.

Por su puesto que las empresas del ramo han manifestado su rechazo a la propuesta --la que por cierto ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora la discute el Senado--, argumentando que desincentiva la inversión de 7 mil millones de dólares en nuevos proyectos. De acuerdo con datos de la Cámara Minera (Camimex) la industria aportó en 2023 por concepto de derechos, 2 mil 876 millones de pesos, por lo que, de transitar la reforma, la recaudación adicional es mínima. No desestimo los argumentos de la industria minera, por familia y vecindad es una actividad que aprecio, pero no creo que esa reforma la afecte de manera decidida, ni que, por ella, se cancelen inversiones por los montos que han mencionado.

Similar situación ocurre con la reforma que obliga a los turistas de cruceros a pagar un derecho de 860 pesos por persona en los términos del artículo 8 fracción I de la ley federal de derechos, los grandes operadores han expresado su preocupación por la medida, argumentando que su aprobación amenaza con quitarle a México el primer lugar que ahora tiene. En mi experiencia no creo que eso ocurra.

Voy al fondo. No desestimo las preocupaciones de la industria minera ni tampoco de la turística, están en su derecho de manifestar su postura. Mi posición es otra, una más global, una más profunda, una mucho más delicada, una que parte de una realidad más cruda y grave. Lo que afirmo, es que esta es una propuesta de reforma fiscal inocua, brutalmente limitada, irrelevante en el contexto nacional, una que no es útil para impulsar el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los ingresos públicos. Es una aspirina para un enfermo de cáncer terminal. México demanda y merece mucho más que eso. El tamaño de reforma fiscal que se necesita es una que elimine los múltiples regímenes de excepción que hacen pedazos la equidad tributaria, una que incentive la incorporación de la economía informal, una que distribuya las potestades tributarias entre los tres órdenes de gobierno de forma más equilibrada, una que no tenga que depender de la recaudación secundaria, una que invite al inversionista y al ahorrador, una que desaliente la evasión. No más parches… una camisa nueva.