Las debilidades del sistema impositivo mexicano siguen cobrando facturas. Efectivamente, reconocer que los ingresos tributarios alcanzan apenas 13 puntos del PIB ocasiona, como es lógico, que el gasto público se contraiga y que en general prácticamente todos los programas se hayan visto afectados en su asignación presupuestal para 2025.

La fracción IV del artículo 74 de la Constitución General, ordena al Poder Ejecutivo Federal hacer llegar a la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el primero de ellos, se estima la recaudación esperada, y en el segundo, se hace la proyección del gasto público.

Mantener la decisión de no impulsar una profunda reforma al sistema tributario, reconocer que los ingresos petroleros están a la baja, y limitar el déficit fiscal, traen como consecuencia que se disponga de menores recursos respecto al año que termina. Más grave aún, es darse cuenta de que la previsión de los ingresos públicos, está basada en un crecimiento de la economía del 2-3 por ciento según la Secretaría de Hacienda, lo que denota un optimismo extremo. La mayoría de los analistas (Banco de México, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, BBVA, Banamex) han coincidido en que México crecerá a una tasa máxima del 1.5 por ciento. Es decir, hay sobrados argumentos para predecir que no se alcancen esos niveles de ingresos.

De acuerdo con la Iniciativa, los ingresos totales serán en 2025, de 8 billones de pesos, 3 por ciento menos que en 2024 en términos reales; circunstancia que sumada a la necesidad de ajustar a la baja el déficit fiscal, ocasiona que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga un recorte en su gasto del 43.8 por ciento, 107 mil millones de pesos menos; la Secretaría de Seguridad Pública 36.2 por ciento, 35.4 mil millones de pesos a la baja; la Secretaría de Salud con una asignación menor del 34.1 por ciento, 30.3 mil millones de pesos de recorte, y la Secretaría del Medio Ambiente 39.4 por ciento, es decir 25.8 mil millones de pesos por debajo de su asignación en el 2024. Un rubro que aumenta, producto de la reforma al poder judicial, ante la necesidad de organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros, es el Instituto Nacional Electoral, quien aparece con una asignación adicional del 21.4 por ciento.

Más allá de las cifras, la política general de gasto público es cuando menos inexplicable; ¿qué deveras será prudente, en medio de una profunda crisis de seguridad y ante una violencia que amenaza todos los días a los hogares mexicanos, recortar el presupuesto de las secretarías (Defensa y Seguridad) responsables del tema? ¿Es verdad que nuestro sistema de salud tiene recursos suficientes para garantizar la atención de todos los mexicanos, como para darse el lujo de reducir su asignación presupuestal? ¿qué habremos ya cumplido nuestros compromisos derivados del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París en materia medio ambiental, para asignarle a la secretaría del ramo menos recursos?

Por su puesto que la respuesta es un rotundo no, lo que ocurre en los hechos es que estamos distribuyendo la miseria; tenemos tan pocos recursos que prácticamente todos los sectores resultan perdedores, y quizá en los próximos años así sigan. Son estas las consecuencias de negar la necesidad de una reforma fiscal que modernice el sistema, una que de ninguna forma planteé que los que pagan, paguen más; más bien una en la que paguen todos. El Diputado Zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y virtual responsable de aprobar el gasto público, recientemente lo expresó: a este país le urge una reforma fiscal… ojalá.