/ domingo 30 de junio de 2024

La justicia no debe ser politizada: un llamado a la reflexión

La reciente propuesta del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para reformar el Poder Judicial y permitir la elección de jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano representa un peligro significativo para la justicia en México. Esta medida, lejos de solucionar problemas, podría exacerbarlos y poner en riesgo la imparcialidad de nuestro sistema judicial.

Politizar la justicia podría ser un camino peligroso. La elección de los impartidores de justicia a través del voto ciudadano podría convertir sus cargos en posiciones políticas, exponiéndolos a presiones externas para cumplir compromisos adquiridos durante sus campañas. La función de un juez, por naturaleza, debería estar ajena a la influencia política, y su capacidad para impartir justicia debe mantenerse libre de estas presiones.

El voto popular no garantiza que los más calificados sean elegidos, sino que aquellos con más recursos, popularidad o respaldo de intereses particulares o partidos políticos, sean los que lleguen a los puestos. Esto no solo compromete su imparcialidad, sino que también puede llevar a la elección de personas no preparadas para desempeñar estas funciones cruciales.

En regiones donde el crimen organizado tiene influencia, como ocurre en ciertas zonas de nuestro país, la posibilidad de que el narcotráfico manipule las elecciones de jueces es alarmante. Esto abre la puerta a la corrupción y la manipulación del sistema judicial, socavando aún más la confianza pública en la justicia.

Además, reducir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia y seleccionarlos por voto popular presenta riesgos adicionales. Menos ministros significan menos voces diversas, lo que puede reducir la representatividad y aumentar el riesgo de influencias indebidas.

Bolivia ofrece un ejemplo claro de los peligros de esta reforma. La implementación de una medida similar allí resultó en una mayor politización del sistema judicial y una percepción de menor independencia y justicia. México no debe repetir estos errores.

En lugar de politizar el poder judicial, debemos buscar maneras de fortalecer su independencia y eficacia. La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales, pero deben lograrse sin comprometer la imparcialidad. Es fundamental que los procesos de selección y promoción dentro del Poder Judicial se basen en méritos, asegurando que los más calificados y experimentados sean los que ocupen estos puestos vitales.

El Partido Acción Nacional sostiene firmemente que un Poder Judicial fuerte e independiente es crucial para la democracia. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y actores políticos a reflexionar sobre los riesgos de esta reforma y a explorar alternativas que verdaderamente fortalezcan nuestro sistema judicial sin poner en peligro su independencia.

México necesita un sistema judicial que opere con integridad y justicia, libre de influencias políticas. Protejamos la independencia de nuestros jueces y magistrados, esta reforma representa un grave riesgo para todo el sistema político y democrático de nuestro país.

La reciente propuesta del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para reformar el Poder Judicial y permitir la elección de jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano representa un peligro significativo para la justicia en México. Esta medida, lejos de solucionar problemas, podría exacerbarlos y poner en riesgo la imparcialidad de nuestro sistema judicial.

Politizar la justicia podría ser un camino peligroso. La elección de los impartidores de justicia a través del voto ciudadano podría convertir sus cargos en posiciones políticas, exponiéndolos a presiones externas para cumplir compromisos adquiridos durante sus campañas. La función de un juez, por naturaleza, debería estar ajena a la influencia política, y su capacidad para impartir justicia debe mantenerse libre de estas presiones.

El voto popular no garantiza que los más calificados sean elegidos, sino que aquellos con más recursos, popularidad o respaldo de intereses particulares o partidos políticos, sean los que lleguen a los puestos. Esto no solo compromete su imparcialidad, sino que también puede llevar a la elección de personas no preparadas para desempeñar estas funciones cruciales.

En regiones donde el crimen organizado tiene influencia, como ocurre en ciertas zonas de nuestro país, la posibilidad de que el narcotráfico manipule las elecciones de jueces es alarmante. Esto abre la puerta a la corrupción y la manipulación del sistema judicial, socavando aún más la confianza pública en la justicia.

Además, reducir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia y seleccionarlos por voto popular presenta riesgos adicionales. Menos ministros significan menos voces diversas, lo que puede reducir la representatividad y aumentar el riesgo de influencias indebidas.

Bolivia ofrece un ejemplo claro de los peligros de esta reforma. La implementación de una medida similar allí resultó en una mayor politización del sistema judicial y una percepción de menor independencia y justicia. México no debe repetir estos errores.

En lugar de politizar el poder judicial, debemos buscar maneras de fortalecer su independencia y eficacia. La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales, pero deben lograrse sin comprometer la imparcialidad. Es fundamental que los procesos de selección y promoción dentro del Poder Judicial se basen en méritos, asegurando que los más calificados y experimentados sean los que ocupen estos puestos vitales.

El Partido Acción Nacional sostiene firmemente que un Poder Judicial fuerte e independiente es crucial para la democracia. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y actores políticos a reflexionar sobre los riesgos de esta reforma y a explorar alternativas que verdaderamente fortalezcan nuestro sistema judicial sin poner en peligro su independencia.

México necesita un sistema judicial que opere con integridad y justicia, libre de influencias políticas. Protejamos la independencia de nuestros jueces y magistrados, esta reforma representa un grave riesgo para todo el sistema político y democrático de nuestro país.