La reciente sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se discutió un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre una acción de inconstitucionalidad que pretendía dar marcha atrás a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial hoy vigente, dejó en claro que el equilibrio de poderes y el respeto a la Constitución están en juego.
Evidenció tensiones profundas y mostró que algunos ministros parecen estar dispuestos a sobrepasar los límites de sus facultades, poniendo en riesgo la estabilidad de la Nación y el respeto a la voluntad popular expresada en el poder reformador de la Constitución.
Algunos ministros, al abordar temas de legitimación y procedencia, parecían inclinarse hacia una intervención indebida que, mediante argumentos que interpretaban la Constitución con una amplitud peligrosa, en la práctica, pretendía convertirlos en legisladores, modificando la Constitución misma.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama señalaron la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Y la congruencia en la postura del ministro Alberto Pérez Dayán al resaltar que votaría en contra del proyecto, puesto que el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad era una insensatez, reflejó una defensa firme de la autonomía y respeto al poder constituyente permanente, que como mandata el artículo 135 Constitucional es el encargado de realizar las reformas constitucionales que el pueblo demanda.
Los ministros que votaron en contra de la acción de inconstitucionalidad mostraron responsabilidad al entender que una intervención judicial que deslegitime a la Constitución hoy vigente sería una intromisión indebida en la voluntad del pueblo.
Los ministros que defendieron la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad han mostrado que el papel de la Suprema Corte no es sustituir la voluntad popular ni crear límites al poder reformador, sino actuar como guardiana de los principios establecidos, siempre dentro de sus facultades constitucionales.
El equilibrio entre poderes y la estabilidad democrática de México dependen de que cada poder asuma su rol sin exceder los límites que marca nuestra Carta Magna. En suma, la Suprema Corte cumple una función esencial en la protección del Estado de derecho, pero debe hacerlo respetando las facultades del Congreso y la voluntad del pueblo.
La reciente sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se discutió un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre una acción de inconstitucionalidad que pretendía dar marcha atrás a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial hoy vigente, dejó en claro que el equilibrio de poderes y el respeto a la Constitución están en juego.
Evidenció tensiones profundas y mostró que algunos ministros parecen estar dispuestos a sobrepasar los límites de sus facultades, poniendo en riesgo la estabilidad de la Nación y el respeto a la voluntad popular expresada en el poder reformador de la Constitución.
Algunos ministros, al abordar temas de legitimación y procedencia, parecían inclinarse hacia una intervención indebida que, mediante argumentos que interpretaban la Constitución con una amplitud peligrosa, en la práctica, pretendía convertirlos en legisladores, modificando la Constitución misma.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama señalaron la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Y la congruencia en la postura del ministro Alberto Pérez Dayán al resaltar que votaría en contra del proyecto, puesto que el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad era una insensatez, reflejó una defensa firme de la autonomía y respeto al poder constituyente permanente, que como mandata el artículo 135 Constitucional es el encargado de realizar las reformas constitucionales que el pueblo demanda.
Los ministros que votaron en contra de la acción de inconstitucionalidad mostraron responsabilidad al entender que una intervención judicial que deslegitime a la Constitución hoy vigente sería una intromisión indebida en la voluntad del pueblo.
Los ministros que defendieron la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad han mostrado que el papel de la Suprema Corte no es sustituir la voluntad popular ni crear límites al poder reformador, sino actuar como guardiana de los principios establecidos, siempre dentro de sus facultades constitucionales.
El equilibrio entre poderes y la estabilidad democrática de México dependen de que cada poder asuma su rol sin exceder los límites que marca nuestra Carta Magna. En suma, la Suprema Corte cumple una función esencial en la protección del Estado de derecho, pero debe hacerlo respetando las facultades del Congreso y la voluntad del pueblo.
