Hola qué tal amigas y amigos, como siempre los saluda con gusto su amigo Saúl Monreal, como ustedes saben se está llevando a cabo un ejercicio de parlamento abierto con la participación de los miembros del poder legislativo o sea diputados y senadores, partidos políticos, del poder judicial y todos los integrantes de cada uno de sus órganos jurisdiccionales como jueces, magistrados, ministros, consejeros de la judicatura federal, representantes de los trabajadores y de los cuerpos colegiados que integran este poder.
En el marco del Tercer Diálogo Nacional sobre la Reforma Judicial, celebrado recientemente en Toluca, Estado de México, se abordaron temas cruciales para el sistema judicial de nuestro país. Entre ellos, destacaron la austeridad, los fideicomisos y los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Desde nuestra perspectiva es fundamental analizar estos asuntos con rigor y responsabilidad. Veamos algunos puntos clave: La reforma al Poder Judicial contempla la extinción de Trece fideicomisos, liberando más de Veintitrés mil millones de pesos, que se van a regresar a la tesorería de la federación.
Un tema que es fundamental mencionar, y que la derecha y los críticos a la reforma, e incluso, desde algunas áreas dentro del poder judicial, han querido socializar, para asustar y generar distorsión, es que han dicho que también se van a afectar los derechos y los beneficios ganados por los trabajadores a lo largo de su historia laboral.
Algo que es totalmente falso, no hay un solo párrafo en la propuesta de reforma judicial en la cual se hable o se mencione de vulnerar las condiciones generales de los más de Cincuenta Mil trabajadores sindicalizados, eventuales, o de base, todos los derechos constitucionales y legales de los trabajadores serán respetados invariablemente.
La austeridad que planteamos a una casta dorada de funcionarios, debe ser implementada con sensatez, evitando perjudicar la operatividad y la calidad del servicio judicial. La optimización de recursos no debe comprometer la justicia pronta y expedita.
En conclusión, los diálogos nacionales sobre la reforma judicial es un espacio crucial para definir el futuro de nuestro sistema legal, abogamos por un equilibrio entre austeridad y derechos laborales, así como por una elección responsable de quienes administrarán la justicia en México. La sociedad espera que esta reforma fortalezca la confianza y genere un acercamiento con nuestras instituciones y garantice un sistema judicial eficiente y justo.
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