En días recientes, la mayoría de Morena aprobó una reforma que elimina a los organismos constitucionales autónomos, como el INAI, la Cofece y el Coneval. La justificación oficial: que son demasiado costosos y que sus funciones pueden ser asumidas por secretarías del gobierno federal. Pero detrás de esta narrativa aparentemente pragmática, se oculta una realidad mucho más preocupante: la erosión de los contrapesos necesarios para que nuestra democracia funcione.

Estos organismos no son un capricho burocrático ni un lujo presupuestal; son herramientas diseñadas para proteger a los ciudadanos del poder desmedido del gobierno. Pensemos en el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cuando un ciudadano solicita información al gobierno y esta se le niega, el INAI tiene la facultad de obligar a que se entregue. Gracias a esta autonomía, millones de mexicanos han podido acceder a información crucial, desde contratos de obras públicas hasta el uso de recursos durante emergencias.

Ahora que el INAI será absorbido por la administración federal, ¿realmente podemos creer que el propio gobierno se supervisará con el mismo rigor? Morena asegura que no hay nada que temer, pero su historial en esta materia dice lo contrario. Desde que están en el poder, han utilizado todos los recursos a su alcance para reservar información pública, desde los costos del Tren Maya hasta los contratos de vacunas. En un gobierno que prefiere operar en las sombras, la desaparición del INAI no parece una coincidencia, sino una estrategia para evitar la rendición de cuentas.

La desaparición de la Cofece, encargada de prevenir monopolios, y del Coneval, que mide la pobreza y evalúa programas sociales, también es alarmante. Estos organismos tienen una tarea clara: regular, medir y garantizar que el poder público no abuse de su posición. Ahora, sus funciones recaerán en las mismas secretarías que deberían ser reguladas. Es decir, el gobierno será juez y parte.

Esta centralización no solo es un retroceso institucional; es una contradicción que atenta contra el principio básico de una democracia: que exista un equilibrio entre los poderes y que nadie tenga poder absoluto. En el fondo, esta reforma no parece ser sobre eficiencia ni austeridad, sino sobre debilitar los contrapesos que protegen a los ciudadanos de los excesos del gobierno.

Sin organismos autónomos, la opacidad será la regla y no la excepción. Morena y su mayoría legislativa parecen haber olvidado que una democracia sin contrapesos es solo una simulación. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a permitirlo? Porque, al final, una democracia no se destruye en un solo golpe; se va desmoronando, pieza por pieza, hasta que es demasiado tarde para reconstruirla.


* Presidenta estatal del PAN en Zacatecas