Como era ya evidente, desde antes de resultar electa, Claudia Sheinbaum ya tenía bien planteadas sus propuestas y cambios sustanciales, incluyendo reformas significativas al poder judicial que implican la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Aunque esta iniciativa pretende democratizar el sistema judicial y hacerlo más representativo, plantea importantes preocupaciones sobre la preservación de la división de poderes y el Estado de Derecho.
La división de poderes se basa en la separación de las funciones del Estado en tres ramas distintas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta separación tiene como objetivo principal evitar la concentración de poder en un solo órgano y garantizar un sistema de pesos y contrapesos que prevenga abusos y proteja los derechos de los ciudadanos. Cada poder tiene funciones y competencias específicas que le permiten actuar de manera independiente, pero coordinada, dentro del marco constitucional.
Asimismo, el Estado de Derecho implica que todas las personas e instituciones, incluyendo el gobierno, están sujetas a las leyes. Lo anterior asegura que las acciones gubernamentales estén limitadas por normas jurídicas y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos de manera imparcial y justa. El poder judicial juega un papel crucial en este sistema, ya que es el encargado de interpretar y aplicar las leyes, resolviendo los conflictos y garantizando que se respeten los derechos constitucionales de manera irrestricta.
Propuestas como la elección de jueces y magistrados mediante voto popular pueden parecer, a primera vista, una forma de democratizar el sistema judicial y hacerlo más cercano a la población. Sin embargo, esto también puede plantear riesgos importantes, dado que la justicia debe ser imparcial y basada en la ley, no en la popularidad o en el favor del electorado. La elección de jueces por voto popular puede llevar a la politización de la justicia, donde los jueces podrían sentirse presionados a tomar decisiones basadas en intereses políticos o en la opinión pública, en lugar de la propia ley.
Además, los jueces deben poder tomar decisiones sin temor a represalias políticas o a perder su puesto en las próximas elecciones. La independencia del poder judicial protege a los ciudadanos contra el abuso de poder por parte de los otros poderes del Estado y garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa.
En suma, las reformas al poder judicial deben ser cuidadosamente consideradas para no socavar estos principios fundamentales. Los legisladores estarán obligados en actuar con responsabilidad y diligencia al momento de discutir este y muchos otros temas que así lo exigen; si bien es necesario que el poder judicial sea eficiente, transparente y accesible, estas características no deben comprometer su independencia ni su capacidad para actuar como un verdadero contrapeso al poder político.