Encarcelar a personas se ha convertido en la medida predilecta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en nuestro país. Existe un interés especial por incrementar la población penitenciaria en lugar de apostar en la aplicación de medidas cautelares que contribuyan a la reintegración social.
Este empeño por incrementar la población de las cárceles se ve directamente relacionado con la reforma Constitucional del aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y endurecer las penas desproporcionadamente. La razón es que el negocio de las prisiones privatizadas en México se ha vuelto una inversión muy lucrativa.
En el año de 2010, bajo el Gobierno de Felipe Calderón, se anunciaron las construcciones de cárceles bajo un esquema de Asociación Publico Privada (APP) como una solución efectiva ante la problemática del hacinamiento, corrupción y autogobierno imperante en el Sistema Penitenciario del país. Después de catorce años podemos ver que no funciono como la panacea que planteaban.
Constructores privados y gobierno Federal firmaron contratos hasta por 20 años de duración, que no son de carácter público, puesto que son otorgados vía adjudicación directa sin licitación y cuentan con un blindaje especial como un tema de seguridad nacional.
El desglose del gasto consignado a precios fue por un monto de 9,973,830.00 anuales por un plazo de 22 años. Los accesos a la información sobre los sistemas de pago han sido solicitados y son de carácter reservado, por lo que no los proporcionan.
Las principales problemáticas relacionadas con la política de privatización de las cárceles mexicanas son:
La opacidad de los contratos entre iniciativa privada y Estado,
Las condiciones en las que operan este tipo de centros y
Su ubicación geográficamente aislada y de difícil acceso
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que en el esquema privatizado ocurren el mismo número de deficiencias que en las cárceles públicas siendo que el costo de la estancia de una persona en prisión es tres veces más costoso que en una cárcel pública.
Actualmente hay 18 CEFERESOS construidos a lo largo del país, en Sonora, Durango, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, en que autoridades administrativas y empresarios decidieron construir en ubicaciones geográficamente aisladas obedeciendo a intereses mercantiles y no a los del bien común establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Estos centros forman parte de un abuso sistemático, ya que al estar ubicados tan lejos impiden el acceso de la Ley, al estar construidos en medio del desierto se convierten en centros sustraídos de toda interacción o seguimiento de los procesos judiciales de las personas privadas de la libertad e irremediablemente alejadas de sus familias. En terrenos de poco valor para conveniencia de los de los empresarios que le apostaron al gran negocio de la privatización carcelaria.
Así mismo, se han realizado traslados masivos por el cierre inminente de prisiones públicas federales, de tal manera que son trasladados a las prisiones privatizadas para ocuparlas en su totalidad.
Impacto de la concesión de la privatización de las cárceles a particulares
Violación al artículo 18 Constitucional
Aislamiento prolongado
Falta de atención médica adecuada
Raciones de comida raquítica
Falta de visita familiar y conyugal
Excesivas medidas de seguridad
El Gobierno Federal paga $ 3,913.00 pesos diarios en centros penitenciarios federales. Según declaración oficial de la propia Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana Rosa Isela Martínez anuncio el 23 de abril del 2021.
