La pugna de carácter política y legal generada por la reforma al Poder Judicial mexicano ya tiene etapa de mayor confrontación entre dicho Poder con los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Constitucionalmente ya está aprobada dicha reforma, pero el Poder Judicial desde su máxima instancia organizacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta sus bases de burócratas no la aceptan y mediante legislación secundaria tratan de frenar tal cambio a la dinámica judicial de la federación, se ha interpuesto una cantidad no definida ni por la misma SCJN de demandas para frenarla, incluso varios juzgadores han emitido resoluciones que impiden en la práctica no se lleve a cabo la citada reforma. Está paralizado el Poder Judicial Federal y hay movilizaciones, se ha demostrado que en algunos casos no son trabajadores sino mercenarios alquilados como grupos de choque. Además la oposición ha recurrido a instancias internacionales para demeritar tal cambio organizacional en el Poder Judicial Federal.
Se lee que expertos en derecho constitucional argumentan que la SCJN o el Poder Judicial en general no tienen sustento legal ni jurídico para impedir la reforma a este Poder, quizá y sobre todo los Ministros tengan apuesta política que de perder hacer el mayor daño posible a la titular del Poder Ejecutivo y su fuerza autodenominada “Cuarta Transformación, 4T”.
Por otro lado, la Presidenta Claudia Scheinbaum Pardo ha expresado que no se detendrá la reforma al Poder Judicial y que no se caerá en provocaciones, por ello el Poder Ejecutivo Federal debe ser muy cauto en su accionar gubernamental y analizar correctamente este proceso según causas-efectos.
La referida pugna es elemento de un escenario donde la oposición al régimen de la Presidenta Scheinbaum Pardo la esté utilizando para recuperar o incrementar su capital político-electoral mediante mayor caudal de votos en próximas elecciones. Aunado a que seguirían con su estrategia sistemática de criticar e impedir cualquier propuesta de la 4T.
Conflicto que propicia cambios en la correlación de fuerzas político-electorales y con ello una modificación geopolítica en México.
Ante este “choque de trenes” (dixit Carlos Fuentes), la presencia de la Presidenta del CSJN al senado y la posterior reunión entre ella con representantes senatoriales constituye un interesante primer avance para definir acuerdos que favorezcan evitar impacto negativo en la gobernanza y gobernabilidad nacional, en disminuir la crispación política y escenarios desfavorables a factores macroeconómicos como menor inversión nacional y extranjera o eventuales desequilibrios en el sistema financiero mexicano.
El problema para México sería que esta pugna entre izquierda y derecha llegue a impactar negativamente en la vida democrática, política, económica y gubernamental.
Resulta altamente deseable que la 4T circunscrita en el Poder Legislativo y el Poder Judicial establezcan y continúen en comunicación asertiva y generen condiciones de concordia para superar conflictos, por el bien de nuestro país.
La pugna de carácter política y legal generada por la reforma al Poder Judicial mexicano ya tiene etapa de mayor confrontación entre dicho Poder con los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Constitucionalmente ya está aprobada dicha reforma, pero el Poder Judicial desde su máxima instancia organizacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta sus bases de burócratas no la aceptan y mediante legislación secundaria tratan de frenar tal cambio a la dinámica judicial de la federación, se ha interpuesto una cantidad no definida ni por la misma SCJN de demandas para frenarla, incluso varios juzgadores han emitido resoluciones que impiden en la práctica no se lleve a cabo la citada reforma. Está paralizado el Poder Judicial Federal y hay movilizaciones, se ha demostrado que en algunos casos no son trabajadores sino mercenarios alquilados como grupos de choque. Además la oposición ha recurrido a instancias internacionales para demeritar tal cambio organizacional en el Poder Judicial Federal.
Se lee que expertos en derecho constitucional argumentan que la SCJN o el Poder Judicial en general no tienen sustento legal ni jurídico para impedir la reforma a este Poder, quizá y sobre todo los Ministros tengan apuesta política que de perder hacer el mayor daño posible a la titular del Poder Ejecutivo y su fuerza autodenominada “Cuarta Transformación, 4T”.
Por otro lado, la Presidenta Claudia Scheinbaum Pardo ha expresado que no se detendrá la reforma al Poder Judicial y que no se caerá en provocaciones, por ello el Poder Ejecutivo Federal debe ser muy cauto en su accionar gubernamental y analizar correctamente este proceso según causas-efectos.
La referida pugna es elemento de un escenario donde la oposición al régimen de la Presidenta Scheinbaum Pardo la esté utilizando para recuperar o incrementar su capital político-electoral mediante mayor caudal de votos en próximas elecciones. Aunado a que seguirían con su estrategia sistemática de criticar e impedir cualquier propuesta de la 4T.
Conflicto que propicia cambios en la correlación de fuerzas político-electorales y con ello una modificación geopolítica en México.
Ante este “choque de trenes” (dixit Carlos Fuentes), la presencia de la Presidenta del CSJN al senado y la posterior reunión entre ella con representantes senatoriales constituye un interesante primer avance para definir acuerdos que favorezcan evitar impacto negativo en la gobernanza y gobernabilidad nacional, en disminuir la crispación política y escenarios desfavorables a factores macroeconómicos como menor inversión nacional y extranjera o eventuales desequilibrios en el sistema financiero mexicano.
El problema para México sería que esta pugna entre izquierda y derecha llegue a impactar negativamente en la vida democrática, política, económica y gubernamental.
Resulta altamente deseable que la 4T circunscrita en el Poder Legislativo y el Poder Judicial establezcan y continúen en comunicación asertiva y generen condiciones de concordia para superar conflictos, por el bien de nuestro país.
